Por: Omar Aouada.
Cuando la ley de bosques se convierte en noticia es siempre para anunciar un incontrolable desastre, del cual nunca nadie es responsable.
Cuando la ley de bosques se convierte en noticia es siempre para anunciar un incontrolable desastre, del cual nunca nadie es responsable.
Según un informe de la Secretaría
de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, cada dos minutos es
arrasada una hectárea de bosque en el país.
Desde la sanción de la ley 26.331
en 2007 hasta fines de 2013 se deforestaron en todo el país un total de
1.893.128 hectáreas y lo más triste e inaceptable, es que se desmontaron 553.332
hectáreas de bosques nativos protegidos.
El fondo asignado a la Ley 26.331
es el 0,3% del presupuesto Nacional, más el dos por ciento (2%) del total de la
retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios
provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, aunque no se explica
porque no se incluyó en este 2% a la minería, hidrocarburos y derivados,
industria automotriz y la importación de productos superfluos y suntuosos, pero
esto último sería un tema pendiente de tratar se incorpore a la ley, para
aumentar los recursos en favor de la conservación de los bosques nativos.
El tema preocupante es que
quienes firmamos convenios dentro del marco de la Ley 26.331, podríamos ser cómplices
involuntarios de maniobras ilegales, porque podemos extraer la información del
0,3% asignado del total del presupuesto Nacional, pero no del 2% de las
retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios
provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, sin que la AFIP y
el Ministerio de economía lo informen públicamente.
También deberíamos saber cuánto se distribuye a cada Provincia y a su vez, estas informarnos los nombres y apellidos de los beneficiarios y monto asignado a cada uno. Sin esta información no podemos cumplir con nuestra obligación cívica y tampoco saber si existen o no, posibles beneficiarios fantasmas.
También deberíamos saber cuánto se distribuye a cada Provincia y a su vez, estas informarnos los nombres y apellidos de los beneficiarios y monto asignado a cada uno. Sin esta información no podemos cumplir con nuestra obligación cívica y tampoco saber si existen o no, posibles beneficiarios fantasmas.
No sabemos con exactitud si es cierto
que el Estado Nacional envía los fondos correspondiente a las provincias y
estas lo “destinan” para otras cosas o si es cierto que las provincias no los
reciben y por esta razón estarían por desvincularse de esta ley o querrían desvincularse
por existen fuertes intereses que quieren expandir las fronteras agrarias desmontado
los bosque con complicidades políticas, pero alguien del poder político tiene
que salir a aclarar este asunto. Si esta situación no se esclarece y resuelve,
en tres o cuatro años más no quedaran bosques y como consecuencia, tampoco su
fauna.
Lo cierto es que si el Estado
Nacional o provinciales no respetan la ley y envían los recursos
correspondientes, no se puede esperar que los propietarios de Bosques los
sostengan, porque sin estos fondos les resulta imposible controlar posibles
incendios, custodiarlos de los ladrones de maderas y cazadores furtivos que
invaden las propiedades aniquilando su fauna nativa.
Ante la imposibilidad de los
propietarios de cumplir fehacientemente con las responsabilidades que les que
le exige la ley, la alternativas que les queda es denunciar la caducidad del
convenio firmado por incumplimiento del estado y así evitar las severas
sanciones que se les aplicarían por incumplimiento de su parte, porque como
ocurre siempre, el que paga el pato es el último orejón del tarro.
Creo indispensable una
convocatoria urgente del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y se
delibere públicamente en vivo por la TV y con la presencia de todos los medios periodístico
que quiera asistir, así nos acercaremos un poco más a la verdad sobre lo que está
ocurriendo en el país.