viernes, 28 de noviembre de 2014

Marchamos en Zigzag y sin saber dónde queremos ir

Por: Omar Aouada. 

Cuando la ley de bosques se convierte en noticia es siempre para anunciar un incontrolable desastre, del cual nunca nadie es responsable.

Según un informe de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, cada dos minutos es arrasada una hectárea de bosque en el país.

Desde la sanción de la ley 26.331 en 2007 hasta fines de 2013 se deforestaron en todo el país un total de 1.893.128 hectáreas y lo más triste e inaceptable, es que se desmontaron 553.332 hectáreas de bosques nativos protegidos.  

El fondo asignado a la Ley 26.331 es el 0,3% del presupuesto Nacional, más el dos por ciento (2%) del total de la retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, aunque no se explica porque no se incluyó en este 2% a la minería, hidrocarburos y derivados, industria automotriz y la importación de productos superfluos y suntuosos, pero esto último sería un tema pendiente de tratar se incorpore a la ley, para aumentar los recursos en favor de la conservación de los bosques nativos.

El tema preocupante es que quienes firmamos convenios dentro del marco de la Ley 26.331, podríamos ser cómplices involuntarios de maniobras ilegales, porque podemos extraer la información del 0,3% asignado del total del presupuesto Nacional, pero no del 2% de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, sin que la AFIP y el Ministerio de economía lo informen públicamente. 

También deberíamos saber cuánto se distribuye a cada Provincia y a su vez, estas informarnos los nombres y apellidos de los beneficiarios y monto asignado a cada uno. Sin esta información no podemos cumplir con nuestra obligación cívica y tampoco saber si existen o no, posibles beneficiarios fantasmas.      

No sabemos con exactitud si es cierto que el Estado Nacional envía los fondos correspondiente a las provincias y estas lo “destinan” para otras cosas o si es cierto que las provincias no los reciben y por esta razón estarían por desvincularse de esta ley o querrían desvincularse por existen fuertes intereses que quieren expandir las fronteras agrarias desmontado los bosque con complicidades políticas, pero alguien del poder político tiene que salir a aclarar este asunto. Si esta situación no se esclarece y resuelve, en tres o cuatro años más no quedaran bosques y como consecuencia, tampoco su fauna.

Lo cierto es que si el Estado Nacional o provinciales no respetan la ley y envían los recursos correspondientes, no se puede esperar que los propietarios de Bosques los sostengan, porque sin estos fondos les resulta imposible controlar posibles incendios, custodiarlos de los ladrones de maderas y cazadores furtivos que invaden las propiedades aniquilando su fauna nativa.

Ante la imposibilidad de los propietarios de cumplir fehacientemente con las responsabilidades que les que le exige la ley, la alternativas que les queda es denunciar la caducidad del convenio firmado por incumplimiento del estado y así evitar las severas sanciones que se les aplicarían por incumplimiento de su parte, porque como ocurre siempre, el que paga el pato es el último orejón del tarro.

Creo indispensable una convocatoria urgente del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y se delibere públicamente en vivo por la TV y con la presencia de todos los medios periodístico que quiera asistir, así nos acercaremos un poco más a la verdad sobre lo que está ocurriendo en el país.     

lunes, 3 de noviembre de 2014

"Sin medidas urgentes, el desastre climático es inevitable"

Según recientes estudios científicos, la crisis económica no puede servir de excusa para aplazar las medidas dirigidas a combatir el cambio climático, ya que de no ser aplicadas ahora, las consecuencias pueden ser irreversibles.
Mientras durante mucho tiempo las medidas para reducir las emisiones de dióxido de carbono y mitigar el cambio climático se consideraron opuestas al crecimiento económico, el reciente informe 'La nueva economía climática: Mejor crecimiento, mejor clima' publicado por la Comisión Global sobre la Economía y el Clima, demuestra lo contrario, explica el economista Michael Spence, en su artículo 'Crecimiento en la nueva economía climática' publicado por 'Project Syndicate'.

El experto asegura que a pesar de que la fragilidad de la recuperación económica global se utiliza con frecuencia como justificación para retrasar la aplicación de medidas para luchar contra el cambio climático, el informe citado llega a la conclusión de que estas iniciativas no solo no son perjudiciales para el crecimiento, sino que pueden estimularlo de forma considerable y en el futuro próximo.


Si las medidas se aplazan 15 años o más, los objetivos para mitigar el cambio climático serán imposibles de alcanzar a cualquier precio   


Según el economista, si el mundo sigue la tendencia actual, dentro de tres o cuatro décadas –o incluso menos– los niveles de CO2 atmosférico alcanzarán unos registros tan altos que alterarán los patrones climáticos de tal manera que las consecuencias para el medio ambiente y los sistemas económicos y sociales serán catastróficas.  
 
A su vez el informe asegura que actuar ahora sería mucho menos costoso que esperar. Los costes netos de la reducción de emisiones de CO2, en términos de crecimiento, ganancias y otros índices económicos y sociales no son tan elevados a corto y medio plazo. Y, dado que conocemos las consecuencias de la existencia de un nivel elevado de carbono en el medio ambiente, la salud y la calidad de vida, los costes pueden ser negativos.
 
No obstante, las medidas deben tomarse de forma urgente, ya que "si se aplazan 15 años o más, los objetivos para mitigar el cambio climático serán imposibles de alcanzar a cualquier precio". Asimismo, el informe citado por el experto advierte de que a pesar de que la colaboración internacional seguirá siendo un factor importante en la lucha contra el cambio climático, no debe ser la razón para detenerla.
 
Spence concluye su artículo recordando que después de que la ciencia haya resuelto las dudas sobre los riesgos del cambio climático y se hayan refutado los argumentos a favor de la inacción se dan las condiciones necesarias para emprender acciones decisivas.